La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fundación Justicia y Transparencia, respaldaron la solicitud que le hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, a los jueces que se “sienten cansados moralmente” para que abandonen el Poder Judicial.

Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Finjus; Manuel María Mercedes, de los Derechos Humanos, y Trajano Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia, valoraron como oportuno el llamado hecho por el nuevo presidente de la SCJ, durante la audiencia solemne celebrada el pasado sábado con motivo del Día del Poder Judicial.
María Mercedes propone que esa evaluación y depuración se extienda al ministerio público, para completar todo el sistema judicial.
Potentini exhortó al presidente de la SCJ a que haga uso de la facultad que le otorga la Constitución, en su artículo 96, y que someta un anteproyecto de ley para sancionar la prevaricación judicial.
Castaños Guzmán planteó que en esta ocasión el Poder Judicial debe evaluar y depurar a sus miembros, así como hubo una renovación en la cúpula, además de la necesaria profilaxis en otras instancias del Estado.
“Yo creo que al Poder Judicial hay que relanzarlo, hay que catapultarlo, eso es lo que está esperando toda la sociedad, las expectativas se centran en esa dirección”, dijo.
Evaluó que aunque la anterior SCJ fue exitosa desde el punto de vista administrativo, ciertamente hay una mora judicial, sobre todo en lo relativo a los procesos civiles.
Expresó que esos son los aspectos que esta SCJ debe tomar en cuenta y revisar.
Ponderó que la sociedad espera que mejore la imagen del Poder Judicial, tras sostener que hubo una especie de agotamiento. “Habiendo entrado sangre nueva, de gente joven sobre todo, lo importante es que eso se refleje en el desempeño de ese poder del Estado”, confió.
Prevaricación judicial 
El presidente de Justicia y Transparencia entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, a fin de que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia. 
Potentini cree que no es posible que un juez que haya traicionado la confianza del pueblo dominicano en la alta función de administrar justicia en nombre de la República, solamente sea juzgado por el Consejo del Poder Judicial en el ámbito disciplinario.
Indica que esa función del Consejo del Poder Judicial tiene una capacidad limitada a la simple expulsión del cargo, lo cual sostiene es “como una especie de premio ante la gravedad del hecho cometido”.
“Ya es tiempo de que (el juez) sea traducido a la acción de la justicia por ante los tribunales penales, por prevaricación judicial”, demandó.
El presidente de la CNDH argumentó que también los integrantes del ministerio público deben ser evaluados, porque están cuestionados.
“Nosotros creemos que ese mismo llamado debe servir para que el ministerio público reflexione”, consideró María Mercedes.
Señaló que el llamado del presidente de la SCJ debe ser respaldado por todos los sectores que a diario viven pidiendo que se detenga la ola de corrupción que afecta los distintos estratos de la sociedad.
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LAS DECLARACIONES DEL OBISPO ARNAIZ 
María Mercedes y Castaños Guzmán también apoyaron las declaraciones del obispo emérito de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Francisco José Arnaiz, quien atribuyó el desorden que prevalece en el país a que la justicia no funciona, al pronunciar la homilía durante la misa celebrada con ocasión del Día del Poder Judicial.
No obstante, Castaños Guzmán dijo que el obispo solo tiene razón en parte, porque considera que se requiere de una intervención global, debido a que el Estado se compone de una serie de instituciones que tienen que jugar su papel.
Sostiene que se debe ver cómo se comportan los políticos y los demás actores de la sociedad, aunque está de acuerdo que se contribuye al desorden cuando la justicia no da respuesta adecuada.
Señala que uno de los componentes de ese desorden es porque la justicia no da respuesta adecuada al fenómeno de la criminalidad y el narcotráfico, que se refleja en el comportamiento de los miembros de la sociedad.
De su lado, María Mercedes consideró que uno de los motivos que llevó al presidente Leonel Fernández a declarar el 2012 como el año del fortalecimiento del estado social de derecho es porque existe una debilidad institucional.