La Asociación de Industrias de la República Dominicana consideró desacertada la idea de crear un Ministerio de Frontera y legislar otorgando un conjunto incentivos y facilidades a las empresas agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zonas francas,  turísticas, metalúrgicas y energéticas, entre otras que se instalen en esa región del país.
"Somos un país pequeño, con distancias relativamente cortas, por lo cual otorgar incentivos a empresas por su ubicación territorial constituye una forma de facilitar una competencia desleal, pero además crea nuevos problemas que pueden llevar a la quiebra de empresas instaladas, al desorden tributario, al tráfico de influencia, entre otros males que deben ser evitados", señaló Ligia Bonetti de Valiente, presidenta de la institución.
 Afirmó que entiende la inquietud de los legisladores de la frontera, especialmente del senador Adriano Sánchez Roa, pero consideró que se debe legislar en función del bienestar colectivo. "El aparente bienestar que se busca con el proyecto de ley al que hacemos referencia se trocaría, sin lugar a dudas, en un desastre para otras empresas y en algo inviable para el propio Estado", señaló.
 Dijo que hay que ser cuidadoso al legislar pretendiendo buscar el bienestar de las comunidades que representan. Entre los puntos que consideró improcedentes mencionó el que se pretenda crear una nueva burocracia, el establecimiento de mejores salarios para los profesionales y empleados de la zona fronteriza.
 "Cómo es posible que se plantee una tasa preferencial en las monedas extranjeras que se requieran para la importación de maquinarias e insumos a las empresas en la región fronteriza, como si no se hubiese aprendido lecciones del pasado en ese sentido y como si fuese posible controlar vasos comunicantes que se originarían con una medida de tal naturaleza", indicó Bonetti de Valiente.
 Lo mismo pasaría con el combustible utilizado por estas empresas, para las que el proyecto de Ley plantea que tenga la misma preferencia en impuestos y tasas que se les otorgan a los generadores de electricidad.
 Señaló que, si como indica Sánchez Roa, la actual Dirección General de Desarrollo Fronterizo no puede cumplir efectivamente con los retos de un desarrollo autosustentable "entonces procede revisar sus atribuciones y organización".


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