El Comisionado de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, estimó, con relación a las críticas formuladas por algunas personas a la implementación del plan piloto de los brazaletes o localizadores electrónicos, que esta medida está establecida en el código procesal penal (CPP) en su artículo 226, y el objetivo de las autoridades judiciales, con el apoyo del CARMJ y de la CONAEJ, es terminar de ejecutar de manera exitosa las disposiciones del nuevo sistema, como ha venido ocurriendo.
"De ninguna manera constituye un privilegio, sino que forma parte de las medidas de coerción, como son la prisión preventiva, la fianza, el arresto domiciliario, entre otras, las cuales son facultativas del juez, quien la impondrá de acuerdo a su criterio y evaluando las circunstancias del hecho, sin preferencia alguna. Es decir, la medida es solicitada por el Ministerio Público y por la Defensa Pública, sin embargo, no son estos, sino los jueces los que ordenarán a que imputado y por cual infracción se impondrá el brazalete o localizador, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado", señaló el Comisionado.
Por otro lado, expresó que 10 brazaletes es una muestra considerable para el plan piloto, ya que esta medida de coerción sólo es aplicable en algunos casos. Resaltó que muy por el contrario como indican algunos abogados consultados, la medida sí es procedente y viene a evitar los gastos que ocasionarían la creación y mantenimiento de establecimientos penitenciarios. Como ejemplo citó que el costo de los brazaletes de 4 dólares diarios, unos 136 pesos, está muy por debajo de lo que el Estado gasta en un recluso en los recintos penitenciarios, porque sólo en alimentación se invierten más de 300 pesos por día, sin contar los gastos de transportación y servicios elementales como energía, agua potable, entre otros. Además, esta medida tiene como plazo mayor los 6 meses, según lo dispone el CPP.
Finalmente, el Comisionado de Justicia consideró que lo que ocurre es que algunos de los consultados apostaban a que la implementación del CPP iba a fracasar, pero la realidad ha sido todo lo contrario, la ejecución del Código Procesal Penal ha sido positiva y las estadísticas están ahí. Señaló que muchas veces en nuestro país hay personas que piensan que no podemos avanzar, hacen oposición sin previamente averiguar cual es el fundamento del proyecto.
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